La exposición estará abierta al público hasta el 14 de mayo
Las impresionantes fotografías de Moleres recogen escenas captadas durante 10 años alrededor de 30 países que nos confrontan con una realidad que afecta a unos 200 millones de niñas y niños en el mundo, de los cuales aproximadamente 20 millones se encuentran en América Latina, y dos millones en el Perú.
“El trabajo infantil no es un juego de niños” se expone bajo la curaduría de Mayu Mohanna y la museografía de Sergio Saito gracias al apoyo de la Fundación Telefónica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo de la Municipalidad de Lima.”
Esta colección recoge escenas captadas durante 10 años alrededor de 30 países. Las imágenes de Moleres sobre niñas y niños trabajadores es una acción artística y social exhibida en esta ocasión con carácter de intervención en un espacio público, el Parque de la Reserva.
El fotógrafo ha sido mundialmente reconocido a través de distintos galardones, entre los que destacan dos premios World Press Photo en 1998 y 2003.
Se tiene conocimiento de la existencia de trata de niños bajo la modalidad de la explotación laboral en el Perú. Actividades como la minería, la tala de árboles y la agricultura son sólo algunos escenarios de sometimiento, privación de libertad y violación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La Declaración de los Derechos del Niño señala en su Principio 9 que el niño “debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata”. Agrega que “no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral”.
En el año 2007, se promulgó en el Perú la Ley Nº 28950, Esta ley ratifica el compromiso del Estado para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”.
Además, pone especial atención en la protección de los niños, imponiéndose una pena no menor de 25 años de prisión para los tratantes de menores de edad que hayan incurrido en este delito, con o sin el consentimiento del menor.
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